Alcaldías dominicanas reclaman más poder y el 10% de fondos que marca la ley

La República Dominicana cuenta con un marco constitucional que reconoce a los municipios como la célula básica del sistema político-administrativo local, según un reportaje publicado por Diario Libre. Ese diseño les otorga autonomía presupuestaria y potestades normativa, administrativa y de uso de suelo, además de establecer la obligación del Estado de transferir progresivamente competencias y recursos hacia los gobiernos locales.

La brecha entre la ley y la práctica

A pesar de ese respaldo legal, el reporte señala que la municipalidad dominicana arrastra desde hace años una contradicción estructural: las alcaldías cargan con un amplio listado de responsabilidades fijadas por ley, pero disponen de recursos limitados para cumplirlas. Mientras tanto, diversas instituciones del Gobierno central han ido ampliando su presencia en asuntos que, en teoría, corresponden al ámbito municipal.

Esta superposición de funciones se manifiesta en la gestión cotidiana de los territorios: calles, aceras, espacios públicos, tránsito, ordenamiento urbano, alumbrado, recolección de residuos sólidos, áreas verdes y grandes obras de infraestructura son áreas donde, según el reportaje, la línea entre lo local y lo nacional se ha vuelto cada vez más difusa.

Dos décadas de debilitamiento, según los municipalistas

El municipalista Víctor Féliz, citado por Diario Libre, sostiene que esta dinámica forma parte de un proceso de debilitamiento sostenido de la autonomía local que se ha acumulado durante las últimas dos décadas. Su diagnóstico apunta a que el avance del Gobierno central sobre competencias municipales no es un fenómeno reciente, sino una tendencia consolidada a lo largo de los años.

El debate reabre una exigencia histórica de los gobiernos locales dominicanos: el cumplimiento pleno de la transferencia del 10% de los ingresos del Estado que la legislación les asigna, un reclamo que vuelve a ponerse sobre la mesa en medio de las tensiones por el reparto de funciones entre los distintos niveles de gobierno.